Comienza el juicio por la expropiación de YPF: el Estado argentino podría tener que pagar hasta USD 16.000 millones
Según acordaron los abogados de la Argentina y de dos fondos buitres, el Estado tendrá que indemnizarlos al menos con ese monto, que podría estirarse hasta los US$ 16.000 millones.
Tras la sentencia en contra del país en una corte de Nueva York, se conoció este jueves que el Gobierno presentó a través de sus abogados en dicha ciudad estadounidense un escrito ante la jueza Loretta Preska, que debe fijar el monto de resarcimiento.
El gobierno de Alberto Fernández solicitó a la Justicia de Estados Unidos pagar el monto mínimo de resarcimiento calculado para la estatización de la petrolera YPF, ordenada en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que asciende a US$4.920 millones. La presentación, paso obligado en el trámite que sigue en la causa, implica que, al menos hasta el momento, ese será el mínimo que el país deberá pagar a los fondos de inversión que demandaron al país.
La jueza Loretta Preska, quien ya falló en contra del país y a favor de los demandantes, debe definir el monto de los resarcimientos que deberá afrontar Argentina y que reclaman los fondos Burford y Eton Park, que, según estimaciones, puede variar entre US$4.920 y US$16.000 millones. Así consta en un escrito presentado este miércoles en Nueva York.
La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.
Los fondos Burford y Eton Park nunca fueron dueños de acciones de YPF cuando la petrolera era propiedad de la empresa española Repsol, denunciada penalmente por el presunto vaciamiento de la petrolera. La causa continúa abierta en el juzgado federal de Ariel Lijo. La denuncia fue iniciada por la dirigente opositora Elisa Carrió en 2012, poco antes de la estatización, e incluye la sospecha de presunta complicidad o negligencia del Ejecutivo en el vaciamiento o la falta de control a Repsol.
Sin embargo, son quienes demandan a Argentina por la estatización de la compañía porque compraron el juicio iniciado previamente por la socia minoritaria de Repsol en YPF: el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueños del Banco de la provincia de Santa Cruz y entonces muy cercanos a la familia Kirchner.
Los Petersen tenían alrededor del 25% de YPF durante su última etapa privada de la petrolera e iniciaron el juicio en Nueva York -donde suelen litigar cuestiones entre Argentina y empresas extranjeras que operan en el país, de acuerdo a los contratos firmados- contra Argentina cuando su porcentaje accionario también pasó a manos del Estado argentino. Luego de iniciada la demanda, vendieron el juicio a los fondos de inversión Burford y Eton Park, definidos por el oficialismo como “fondos buitres”.
Para determinar el monto a pagar, la jueza estadounidense analizará los escritos que presenten las partes, entre ellos el presentado por el bufete jurídico que patrocina a la Argentina: Sullivan & Cromwell LLT, en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.
Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización, explicó la agencia estatal Télam.
El Gobierno también podrá apelar la sentencia de la jueza estadounidense. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a elDiarioAR que el país apelará la sentencia, pero afirmaron que primero debe fijarse el monto de la demanda.
En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación, los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.
La contraparte, el Estado argentino, responde que los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.
Los argumentos
El 31 de marzo pasado la magistrada falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.
Las audiencias se prolongarán hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo, señalaron las fuentes.
En el escrito, que fue difundido este martes por fuentes oficiales, se hace hincapié en la fecha del traspaso del control de la compañía petrolera como eje central de la argumentación.
La Argentina plantea que “el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo” y que “el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo”.
Los abogados de Argentina consideran que “los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina”.
Los patrocinantes del Estado argentino pusieron énfasis en que “los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo”.
En la diferencia de la base de cálculo se especifica que “usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos”.